El juez Raul Justiniano decide si impone
o no 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el
periodista Mauricio Fernandini y otros dos investigados por el caso Fondo
Mivivienda durante el gobierno de Pedro Castillo.
La suerte de la empresaria Sada Goray y
del periodista Mauricio Fernandini está en poder del juez Raúl Justiniano,
quien da lectura a la resolución que determina si les impone o no 36 meses de
prisión preventiva a raíz del caso "Fondo MiVivienda".
En audiencia pública, desde la sede del
Poder Judicial, ubicada en la cuadra 7 de Prolongación Tacna, en el centro de
Lima, el magistrado da a conocer su veredicto frente al requerimiento
solicitado por el fiscal Freddy Niño Torres. El representante del Ministerio
Público pide que se imponga tres años de prisión preventiva contra Goray Chong
y Fernandini Arbulu, como parte de la investigación preparatoria que se les
inició por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en
perjuicio del Estado.
El Juez Justiniano Romero también debe
decidir si acoge o no el pedido del fiscal Niño para que también se imponga 36
meses de prisión preventiva al exjefe del Fondo Mivivienda, Pedro Arroyo
Marquina, y al ex Superintendente de Bienes Estatales, Roger Gaviria Johason,
implicados en este caso.
La audiencia, que inició ayer, se retoma
luego de que, pasado cinco horas, el magistrado decidiera suspender la lectura
de resolución para este jueves a partir de las 3:30 p. m.
Investigación
El magistrado inició, el pasado martes
18 de julio, la evaluación de este requerimiento fiscal de prision preventiva
contra estos cuatro investigados el cual culminó este lunes 31 de julio con el
caso de Roger Gaviria Johanson.
En esta investigación preparatoria
también está comprendido Luis Mesones Odar, ex pareja de Sada Goray, quien está
en calidad de no habido por la justicia al pesar en su contra, tanto una orden
de detención preliminar, como también un pedido fiscal de 36 meses de prisión
preventiva a raíz de este caso.
La investigación fiscal se inició luego
que la empresaria Sada Goray reconociera ante el Ministerio Público que pago en
efectivo más de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de
Asesores del Ministerio de Viivienda, Construcción y Saneamiento, para que su
entonces empresa, MarKa Group, obtuviera contratos en este sector durante el
gobierno de Pedro Castillo.
Fuente:
RPP.PE



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