La Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales aprobó esta tarde un informe de calificación que desestimó una
denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por aspectos vinculados a su
gestión en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La mandataria había sido denunciada
debido a que presuntamente habría incurrido en una infracción de los artículos
2, 40 y 126 de la Constitución, además de los presuntos delitos de negociación
incompatible y tráfico de influencias.
Ello por haber ejercido la
vicepresidencia de la República y el cargo de ser ministra sin haber renunciado
a sus funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec), donde se desempeñaba como jefa encargada de la Oficina registral de
Surco. Esta denuncia fue presentada por la ciudadana Mónica Yaya y asumida por
el legislador Juan Burgos (Podemos Perú).
El informe elaborado al respecto
recomendó declarar improcedente la denuncia constitucional. Esta posición fue
respaldada con 10 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se señaló que la denuncia no cumplía
con el criterio de que los hechos señalados representen delitos de función e
infracción constitucional, pues no se vulneró el principio constitucional de
igualdad ni el de no discriminación.
Asimismo, en el informe se precisa que
el 27 de julio de 2021, un día antes de jurar en el cargo de vicepresidenta,
Dina Boluarte solicitó licencia laboral sin goce de haber en el Reniec.
La denuncia también indicaba que la
hoy mandataria omitió en su declaración jurada mencionar a sus parientes
permitiendo así que su cuñado René Zegarra contrate con el Estado, situación
que la denunciante consideró como presunto delito de negociación incompatible.
Sobre el delito de tráfico de
influencias, se señaló que Boluarte incurrió en él debido a que ejerció
influencia en el gobierno regional de Cusco para que este contrate directamente
a una empresa de propiedad de sus sobrinos.
Respecto de estos dos últimos cargos,
el informe de la Subcomisión indica que no hay indicios que muestren algún
interés de la mandataria para que se realicen las contrataciones mencionadas.
Fuente: RPP.PE
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