En medio de la desaprobación a su
Gobierno, Dina Boluarte propuso el retorno de la pena de muerte en el Perú.
Conmovida por el asesinato de una menor de 12 años en el distrito de Villa
María del Triunfo el último 8 de diciembre, la presidenta planteó la ejecución
como una "medida drástica" para combatir este tipo de delitos.
Si bien, la impotencia que causan los
abusos sexuales, puede llevar a considerar esta propuesta como adecuada, una
mirada experta lleva a definir todo lo contrario. De acuerdo con el abogado
Juan José Quispe, especialista en derechos humanos, se trata de una
"medida absolutamente inviable a corto y mediano plazo". Esto, claro,
desde un punto de vista jurídico.
Pacto
de San José prohíbe la aplicación de la pena de muerte
Sucede que nuestro país forma parte de
la Convención Americana de Derechos Humanos, también denominada Pacto de San
José de Costa Rica. Este tratado internacional prevé derechos y libertades que
tienen que ser respetados por los Estados Partes. Uno de ellos hace mención a
la ejecución como castigo por un delito. Al respecto, dice: "(los Estados
partes) no aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida
a su jurisdicción".
Así las cosas, en 1994 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Perú no podía ampliar los
supuestos de pena de muerte.
Este antecedente fue recordado por el
abogado Quispe, quien precisó que el primer paso en la ruta del retorno de la
pena de muerte en Perú sería que nuestro país se retire de dicho tratado.
"Somos parte de la competencia contenciosa administrativa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, no podemos implantar la pena
de muerte si no se denuncia primero al pacto de San José", precisó Quispe
a La República.
Para lograr una denuncia, la jefa de
Estado debería presentar el proyecto ante el Congreso, poder que evaluaría y
debatiría si "nos retiramos o no por completo del sistema
Interamericano".
Todo este proceso tardaría más de un
año. Luego, la Corte Interamericana deberá responder al pedido peruano, lo cual
llevaría otro lapso más. Posteriormente, en el hipotético caso de que Perú
logre retirarse del Pacto de San José, recién se procedería a modificar la
Constitución vigente.
"Todo el proceso suma más de un
año y, mientras tanto, los delitos seguirán aconteciendo. Para mí, es una
cortina de humo muy grande de la señora Boluarte, pues durante el tiempo que
dure el proceso, la ciudadanía y los medios de comunicación centrarán su
atención en ello dejando de lado los perjuicios del Gobierno. Es una medida
populista para tapar su inacción y su baja aprobación", resaltó.
La
"gran cortina de humo" de Dina Boluarte
Esta visión fue compartida por el
abogado penalista Mario Amoretti, quien coincidió en que se trata de una mera
cortina de humo. "Está claro que es una cortina de humo de la presidenta
Dina Boluarte. Esto no soluciona el problema de inseguridad que vive el país.
El Gobierno de Boluarte no funciona, el Congreso no funciona, solo están en un
espíritu de sobrevivencia y no están haciendo nada para combatir realmente los
problemas del país", expresó a este medio.
Además, el letrado recordó que el
ajusticiamiento es una medida que ya fue rechazada por la misma ciudadanía años
atrás. "En el gobierno de Velasco Alvarado se dio la pena de muerte en
delitos de homicidio calificado y violaciones, pero por presión de la opinión
pública se retrocedió", indicó.
De la misma forma, el abogado
constitucionalista Erick Urbina resaltó la ineficacia de esta medida. "La
última vez que se aplicó la pena de muerte en el Perú fue en el caso del
"Monstruo de Almendariz", un ciudadano afroamericano a quien se le
aplicó este castigo y luego se determinó que era inocente. Creo yo que el
sistema jurídico peruano no garantiza que ningún ciudadano sea tratado con
justicia. En varias situaciones se ha visto que el margen de error es muy
amplio. Es una medida populista. No es viable ni hay unanimidad en la postura
de Estado", explicó a Exitosa.
Fuente:
larepublica.pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario