La Fiscalía de la Nación, a través del
Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia
constitucional contra los congresistas Kira Alcarraz (Podemos Perú), María del
Carmen Alva (no agrupado), Patricia Chirinos (Renovación Popular), Edward
Málaga Trillo (Avanza País - Partido de Integración Social), Arturo Zeballos
(Renovación Popular) y Diego Bazán (Renovación Popular) por el presunto delito
de peculado doloso.
El organismo público indicó que ese
grupo de parlamentarios viajó el 11 de febrero de 2023 a Trujillo (región de La
Libertad), con boletos que habrían sido costeados por el Parlamento, para
participar en la celebración del onomástico del legislador Bazán Calderón.
En un comunicado, detalló que esta
denuncia comprende también a Rosangela Barbarán (Fuerza Popular) como presunta
autora del delito de peculado doloso en grado de tentativa. De acuerdo con la
Fiscalía, la legisladora fujimorista intentó viajar a la mencionada ciudad
norteña para el cumpleaños de Bazán.
“Habría gestionado la emisión de su
boleto aéreo costeado por el Congreso, pero por 'motivos personales' no viajó”,
señaló.
Caso
Luciana León
En vísperas, la Fiscalía de la Nación
presentó otra denuncia constitucional, pero esta vez en contra de la
excongresista Luciana León por el presunto delito de tráfico de influencias
agravado.
Indicó que León Romero, en su
condición de parlamentaria, habría ofrecido interceder ante funcionarios de
diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista Peruano a cambio
de una promesa de beneficio económico a su favor entre el 2018 y 2019.
Como se recuerda, Luciana León es
investigada por el Ministerio Público por una supuesta vinculación con la
organización criminal 'Los intocables ediles de La Victoria'.
Este caso estalló en el agosto del
2018 cuando personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Elías Cuba,
entonces alcalde de La Victoria, y otros funcionarios de esta comuna por ser
parte de una red dedicada al cobro de cupos a comerciantes ambulantes de ese
distrito limeño.
'Los intocables ediles' ganaba, según
las indagaciones, más de 26 millones de soles anuales por cobros ilegales de parqueo
vehicular y recojo de residuos sólidos (SISA), el cual se realizaba a más de 8
000 comerciantes ambulantes que trabajaban en la vía pública.
El caso escaló a nivel político cuando
se incluyó a Luciana León al ser sindicada como el brazo político – legal de
esta presunta mafia para la que habría gestionado la sobrevaloración de obras y
servicios públicos en el distrito limeño de La Victoria para obtener ingresos
ilícitos.
Según el Ministerio Público, la
excongresista aprista habría recibido por esta labor sumas de entre 15 000 a 30
000 soles mensuales entre los años 2017 y 2018.
También se le atribuye el
presuntamente haber intercedido ante los Ministerios de Economía y Finanzas y
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para agilizar obras municipales en La
Victoria, entre otros hechos.
En enero de 2020, el Poder Judicial
dictó 36 meses de impedimento de salida del país para Luciana León a raíz de
este caso. En julio de 2024, el juez supremo Juan Carlos Checkley levantó esta
medida restrictiva.
Fuente:
RPP.PE
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