Congreso sacó leyes para favorecer a dueño de empresas Intercorp

 

La Ley 31914 sobre las nuevas disposiciones para la clausura de centros comerciales y negocios fue discutida y aprobada en 2023 en el Congreso, pese a las observaciones de los gobiernos locales.

 

Esta discusión es recapitulada tras la tragedia del Real Plaza de Trujillo, que dejó seis muertos y 50 heridos. La cuestionada norma es señalada de haber flexibilizado las medidas de fiscalización de las municipalidades contra centros comerciales.

 

Un papel importante para aprobar la Ley 31914 jugaron las comisiones ordinarias del Congreso. Hubo dos etapas de la discusión de la norma: una fue en la primera legislatura del año 2023, cuando la Comisión de Constitución era liderada por el fallecido congresista fujimorista "Nano" Guerra García, y la Comisión de Descentralización era presidida por la legisladora de Avanza País, Diana Gonzáles.

 

El debate en la comisión fujimorista

El 22 de junio del 2023, el excongresista Guerra García presentó el dictamen de lo que entonces era un proyecto de ley. La página 71 de ese documento, tiene un subcapítulo que mencionó algunos "casos de abuso de las autoridades a través de la clausura como sanción" contra centros comerciales.

 

El dictamen cuestionó que en 2019 el Real Plaza de Salaverry fuera clausurado por, lo que el texto denomina, "un supuesto caso de discriminación". También rememoró que el 23 de mayo del 2023 fuera clausurado el Centro Comercial Open Plaza de Angamos, en el distrito de Surquillo, "por unas supuestas fallas en las medidas mínimas de seguridad".

 

El texto de la Comisión de Constitución cita las declaraciones que el expresidente de la Asociación de Centros Comerciales, Carlos Neuhaus, brindó a. “Muchas municipalidades están cerrándolos así: te dan 48 horas como sucedió en el Open de Surquillo y a las 7 horas lo clausuran. Por lo general, te cierran un fin de semana. El viernes entran, el sábado te revisan. Siempre hay una falla (en los locales), pero nada que vaya a poner en peligro: una tubería no está bien pintada o la puerta de salida no tiene un filete de caucho abajo”, dijo Neuhaus.

 

Y agregó: “Yo creo que algunos alcaldes se han convertido en sheriffs”.

 

Comisión liderada por bancada de Avanza País

La Comisión de Descentralización, durante la gestión de Gonzáles, también requirió las opiniones de las municipalidades.

 

Municipalidad de Miraflores se mostró en contra, según el dictamen de esta comisión, "dado que vulnera las prerrogativas municipales para preservar y asegurar la vida, salud y tranquilidad de los vecinos, al restringir la aplicación de medidas provisionales ante incumplimientos sanitarios, de seguridad, de defensa civil y de salubridad, entre otros, que pondrían en riesgo a los vecinos y visitantes”.

 

El 10 de julio, la Municipalidad Provincial del Cusco también cuestionó la propuesta “dado que vulnera la autonomía administrativa, económica y política de los gobiernos locales, debilitando los esfuerzos de estos en su lucha contra la informalidad comercial, presentando un serio riesgo para el bienestar de los ciudadanos”.

 

Así acabó la primera etapa del debate de esa ley. Hasta fines de julio, todavía no había texto aprobado en el Congreso.

 

En la segunda legislatura del 2023, hubo cambios en las presidencias de las comisiones. La de Constitución pasó a ser presidida por la fujimorista Martha Moyano y la de Descentralización por el congresista Alejandro Cavero. Ambos grupos de trabajo se mantenían dirigidos por Fuerza Popular y la bancada de Avanza País respectivamente.

 

El 6 de setiembre de ese año, ambas comisiones realizaron una mesa de trabajo con los gobiernos locales y regionales. A ese encuentro asistieron, según el dictamen de la Comisión de Descentralización, los alcaldes de San Borja, Surco, Cusco, San Isidro, San Bartolo, Barranco, Breña, Miraflores y San Miguel.

 

El dictamen de la comisión de Cavero mencionó que en ese encuentro “los representantes de los gobiernos locales expresaron su preocupación por las disposiciones del proyecto, argumentando que vulneraría el principio de autoridad y desarmaría a los gobiernos locales respecto de la posibilidad de hacer efectiva la fiscalización y sanción de la ilegalidad y la informalidad”.

 

Los alcaldes pidieron un punto medio, pero el proyecto siguió en marcha.

 

El 21 de setiembre de ese año fue presentado el dictamen de la Comisión de Descentralización.

 

Insistieron con aprobar esta ley

La ley fue aprobada al mes siguiente en el Pleno del Congreso. Los dictámenes de las comisiones de Constitución y Descentralización fueron acumulados para que un texto unificado sea votado. El debate fue días después que falleció el fujimorista Guerra García. En esa discusión, sus colegas rememoraron a Guerra García y le atribuyeron ese proyecto como un legado.

 

"La propuesta, colegas congresistas, busca regular los supuestos por los cuales las municipalidades pueden disponer la clausura de establecimientos comerciales. Con ello, se racionaliza la discrecionalidad que hoy tienen los gobiernos locales para imponer clausuras, muchas veces arbitrarias y desproporcionadas. Estas clausuras afectan a miles de emprendedores, cientos de miles —millones, diría yo— de emprendedores y pequeños empresarios en todo el país (...)", sostuvo Cavero en el hemiciclo para defender la iniciativa.

 

Pero el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, criticó la fórmula porque no incluyó la opinión de diversas autoridades locales. "¿Saben por qué ningún documento ha llegado a ninguna municipalidad? Al único que le han enviado un documento es a Miraflores, que ha respondido que este tema se tiene que consultar con las municipalidades", increpó.

 

Su colega Cavero le respondió que para la elaboración del dictamen solicitaron la opinión de 14 gremios, entre ellos la Asociación de Municipalidades del Perú y a la Asociación de Gobiernos Regionales. El proyecto tomó en cuenta las observaciones de los gremios empresariales, pero no tanto de las comunas.

 

Lo demás es historia conocida. La ley fue aprobada en el Pleno. El gobierno de Dina Boluarte la promulgó. Dos meses después, el alcalde de Trujillo clausuró el Real Plaza de Trujillo. Cavero, a través de su cuenta de X, rechazó esa decisión y recalcó que la Ley 31914 fue aprobada para impedir ese tipo de decisiones, consideradas por el parlamentario como arbitrarias.

 

El techo del patio de comidas del Real Plaza se cayó parcialmente el fin de semana. Ahora el escándalo ha puesto el foco sobre el papel de nuestras autoridades, antes y durante esta tragedia.

 

Fuente: larepublica.pe