Congreso busca impedir postulación de Pedro Castillo al Parlamento

 

Desde el Congreso se impulsa una serie de acciones dirigidas a sacar a Pedro Castillo del escenario político antes de los comicios del 2026. El expresidente, actualmente en prisión preventiva, enfrenta tres denuncias constitucionales que podrían dejarlo inhabilitado por diez años. La ofensiva parlamentaria apunta no solo a sancionar al exjefe de Estado, sino a desactivar su posible participación como candidato y, con ello, debilitar las alianzas electorales de izquierda.

 

Las acusaciones en su contra incluyen el fallido intento de disolución del parlamento en diciembre de 2022, el uso indebido del avión presidencial y la modificación de normas para intervenir en la Derrama Magisterial. Estas denuncias han sido asumidas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyos plazos de evaluación han sido drásticamente reducidos por la Comisión Permanente.

 

Diversos partidos vinculados al bloque de izquierda barajan incluir a Castillo en sus listas para el parlamento, lo que ha motivado una respuesta rápida desde el Legislativo. Según se espera, el objetivo es impedir que postule a cualquier cargo en 2026, incluyendo el recientemente aprobado Senado.

 

Al acelerar los procedimientos y limitar los plazos, el Congreso está diseñando una estrategia para evitar que Pedro Castillo se convierta en un eje articulador de una candidatura de izquierda. La decisión podría tener consecuencias directas en el equilibrio político de cara a los comicios venideros.

 

Congreso recurre a la inhabilitación como mecanismo político

Para la politóloga Katherine Zegarra, el apuro del Congreso por inhabilitar a Pedro Castillo responde a una lógica que ya se ha observado en otros casos, como el de Martín Vizcarra y otros exfuncionarios. Desde su análisis, se estaría utilizando la inhabilitación como una herramienta política para bloquear a quienes son considerados adversarios, más que como una medida excepcional frente a verdaderas amenazas a la democracia.

 

"Creo que este apuro del Congreso para inhabilitar el Pedro Castillo responde a las prácticas que ha tenido, o que ha presentado ya sobre inhabilitar a lo que ellos consideran sus enemigos políticos", indicó.

 

Si bien reconoce que Castillo protagonizó un intento de autogolpe en 2022, Zegarra considera que su participación electoral no representaría un peligro real para el orden democrático. En ese sentido, advierte que el uso recurrente de la inhabilitación para excluir a potenciales rivales refleja una práctica preocupante en el Congreso, que socava el principio de competencia política en procesos electorales.