Un año, doce congresistas denunciados
en el caso mochasueldos y solo una sancionada. Es la historia de cómo se han
investigado estos casos en el Congreso y cómo el fujimorismo y sus bancadas
satélites resolvieron estas controversias.
Desde marzo del año pasado, hasta la
fecha, ellos son los 12 parlamentarios denunciados por recortar el sueldo de
sus trabajadores: Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Rosio Torres (Alianza
Para el Progreso), María Acuña (Alianza Para el Progreso), Alejandro Soto
(Alianza Para el Progreso), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez
(Podemos Perú), José Arriola (no agrupado), Katy Ugarte (no agrupado), Marleny
Portero (Acción Popular), Jorge Flores (Acción Popular), Raúl Doroteo (Acción
Popular) y María Cordero Jon Tay (Acción Popular).
La única sancionada fue María Cordero
Jon Tay. El jueves 14 el Pleno aprobó suspenderla mientras duren las
investigaciones en su contra en el Ministerio Público. Es un castigo parcial,
pues el Congreso no alcanzó los votos para inhabilitarla de la función pública.
Pero más allá del castigo, un detalle importante para conocer el cómo se ha
normalizado esta conducta es la versión que brindó la exintegrante de Fuerza
Popular y exenfermera de Alberto Fujimori ante la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales (SAC).
Antes que esta comisión apruebe el
informe que terminó con sus suspensión en el Pleno, hubo una audiencia. En esa
sesión la congresista reconoció que el recorte de sueldo a los trabajadores
parlamentarios “se constituyó en una práctica, en una costumbre que no es
correcta, pero costumbre al fin y al cabo” en el Legislativo.
Cordero Jon Tay considera que esa
tendencia inició en 1995, cuando a sus colegas les facilitaron hasta seis
asesores. Para la suspendida legisladora, ahí comenzó el problema. Esa
explicación, sin embargo, no le bastó para salir airosa.
Pero su sanción no es un mérito de sus
colegas, pues ellos en paralelo han protegido a los otros 11 sindicados de
mochar salarios.
APP,
la bancada con más denunciados
El primer caso fue público el 5 de
marzo del 2023 cuando Panorama reveló que la congresista Magaly Ruiz, de APP,
habría operado de esa manera en su despacho. Sin embargo, el 5 de junio de ese
año, la Comisión de Ética la blindó: de proponer suspenderla 120 días, aprobó
amonestarla públicamente e una multa de 30 días. El caso de Ruiz llegó después
a la Subcomisión para levantarle el antejuicio y la Fiscalía pueda formalizar
la indagación contra ella. El informe final fue delegado a su colega del Bloque
Magisterial, Elizabeth Medina, quien recomendó mandar la denuncia al archivo.
Así, la acuñista terminó blindada por segunda vez el 4 de febrero último.
El 2 de abril del año pasado, otra
congresista apepista fue denunciada por lo mismo: Rosío Torres. El escándalo
ocasionó que el líder de su partido César Acuña anuncie que la expulsaría del
partido. Pero eso jamás sucedió. Torres fue escoltada en Ética y en la SAC su
caso todavía no avanza. El delegado para elaborar el informe final es Alex
Paredes, del Bloque Magisterial.
El 21 de abril la hermana de César
Acuña, la congresista María Acuña fue la tercera apepista denunciada. Al mes
siguiente la Fiscalía de la Nación le abrió investigación. Pero el 5 de
diciembre la Comisión de Ética decidió archivar el caso. Mientras que el 16 de
febrero de este año, la Subcomisión la blindó de una denuncia constitucional
por concusión gracias al informe final de su colega fujimorista Juan Carlos
Lizarzaburu, quien recomendó no acusarla.
El cuarto apepista señalado como
presunto “mochasueldos” es el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Debido a
una denuncia periodística salió a la luz que los trabajadores de su despacho
realizaban “aportes voluntarios” para promocionar a Soto en redes sociales. El
3 de octubre del año pasado Ética decidió no investigarlo por ello.
Fuente:
LaRepublica.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario